Transición verde en Chile: Reconversión laboral precaria e inconclusa

La reconversión hacia una economía verde en Chile sigue siendo limitada y con desafíos para los trabajadores. Revisa este interesante artículo del periodista Ricardo Bustamante publicado en el sitio Eldesconcierto.cl

Por: Ricardo Bustamante Pizarro | eldesconcierto.cl

Una compleja situación vive el mundo sindical del país en el marco de la descarbonización de la matriz energética. Una realidad cruzada por debilidades en políticas públicas, escasa inclusión de los trabajadores desde el sector empresarial, además, de una débil cobertura en capacitación para la reconversión laboral hacia empleos verdes dignos.

Corría la década de 1970 en Estados Unidos cuando emergió por primera vez el concepto de transición justa, época en que los sindicatos norteamericanos acuñaron el término para describir un sistema de apoyo para los trabajadores desempleados que estaban siendo afectados por las nuevas reglamentaciones sobre protección ambiental, especialmente en cuanto a la contaminación del agua y el aire.

Posteriormente, en los decenios de 1990 y los 2000, el concepto se universalizó y adquirió nuevas definiciones a través de las negociaciones climáticas internacionales y del trabajo efectuado por organizaciones ambientalistas que promueven la justicia climática.

Partiendo sobre la base de que para lograr mitigar el cambio climático es indispensable una transición energética, entendida como el cambio del sector energético mundial en la producción, distribución y consumo de energía basado en combustibles fósiles hacia fuentes renovables y limpias con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Es que, consecuentemente, también podemos definir el concepto de transición justa, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consiste en “ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.

Pero ¿quiénes son los responsables e intervinientes para lograr una transición justa? Son los gobiernos en todos los niveles -nacionales, regionales y locales-, las empresas y las organizaciones sindicales. Todos son agentes de cambio en la transición justa.

Así es como en la actualidad su avance como política pública a nivel global es comprobable. Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al 31 de octubre de 2022, los principios para una transición justa se reflejan en el 38% de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que son los compromisos climáticos de los países, y en el 56% de las estrategias a largo plazo, así como en un número creciente de iniciativas mundiales de relevancia. 

Es vital señalar que una transición justa no solo contribuye a impulsar la acción climática, sino que es fundamental para cumplir con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, los relacionados con la energía asequible y limpia, el trabajo decente, el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y la producción y consumo responsables.

En Chile, sin embargo, el camino hacia una industrialización verde y los avances de una transición justa presentan grandes retos, particularmente en el ámbito laboral y sindical. La Central Única de Trabajadores (CUT), la multisindical más representativa del país, con más de 70 años de historia, ha debido renovar su trabajo interno en la actualidad para enfrentar las nuevas dinámicas y desafíos que afectan al mundo sindical en el camino hacia la descarbonización que nos impone la crisis climática.

Es por ello que en el año 2022 la CUT creó en su orgánica la Secretaría de Medio Ambiente y Transición Justa, un espacio proveniente de su área de formación y medio ambiente. El dirigente que asumió la responsabilidad de liderar ese espacio es Alejandro Ochoa, quien desde el 2014 también se ha desempeñado como secretario de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Contratistas de ENAP Quintero-Concón (Fetracon).

“La mirada del mundo del trabajo es pesimista. No se confía en una transición justa, la reconversión ha dado resultado en trabajadores directos, no así en subcontratados y menos en los indirectos. Por ejemplo, las empresas no asumen responsabilidades en la salud de los trabajadores subcontratados, por lo que su reconversión es difícil, y esto ha llevado a aumentar la informalidad en otros mercados. Es decir, hay migración laboral y esto causa mano de obra barata”, explica a Climate Tracker Alejandro Ochoa.

Es más, en el documento ‘¿Transición Justa en Chile?’, la CUT, a través de la secretaría liderada por Ochoa, demanda el “diseño e implementación de planes de transición justa dentro de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de los países de la región con diálogo social, trabajo decente y respeto de los derechos fundamentales del trabajo y de los derechos de las comunidades en sus territorios”.

Transición y descarbonización en Chile

Chile cuenta desde el año 2019 con un plan de descarbonización para el retiro y/o reconversión de centrales a carbón, producto de un acuerdo entre el entonces gobierno de Sebastián Piñera y las empresas generadoras eléctricas Aes Gener, Colbún, Enel y Engie, el cual contemplaba en una primera etapa el cierre de ocho centrales termoeléctricas al 2024.

En consecuencia, en abril de 2020 el país actualizó su NDC, como parte de su compromiso con el Acuerdo de París en el que se comprometió a mitigar los GEI y, por ende, a descarbonizar su matriz energética, cerrando gradualmente las unidades térmicas en base a este combustible fósil.

En tanto, desde agosto de 2022, el país estableció una Agenda de Energía 2022-2026, que en su eje “Educación y Capacitación” aborda el enfoque para capacitar y certificar a técnicos y profesionales en los sectores de la electricidad, combustibles, energías renovables e, incluso, en hidrógeno verde, “con focalización en mujeres, pueblos originarios y personas relacionadas al cierre de centrales generadoras a carbón”, señala el documento del Ministerio de Energía. El fin -según la publicación- consiste en articular los requerimientos de la industria con la academia y servicios públicos en empleo y formación.

Asimismo -a partir del 2022- comenzó a operar el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa (CITSEJ) con foco en las denominadas “zonas de sacrificio”, el cual lidera la cartera de Medio Ambiente y es integrado por los ministerios del Trabajo, Economía, Energía, Salud y Desarrollo Social, y que busca avanzar en justicia socioambiental, trabajo decente y restauración ecológica. 

“El comité ha servido como espacio de coordinación coyuntural para enfrentar episodios de transición y para monitorear el avance de las medidas del [Programa para la Recuperación Ambiental y Social] implementadas en las ex zonas de sacrificio, hoy en transición. También se encuentra desarrollando una Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, que se publicará a finales de 2024. Ésta puede ser una oportunidad para el desarrollo de un marco de políticas más integral para la transición justa, que sea ampliamente valorado por los trabajadores, que siga las recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2023 (de la OIT) y se mantenga en el tiempo como herencia del gobierno del presidente Boric, en tanto es un eje transversal del programa de gobierno”, detallan a Climate Tracker desde el Ministerio del Trabajo.

Actualmente el gobierno también implementa una Agenda inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética, consistente en acciones políticas, legislativas, reglamentarias y planes para la transición energética acelerada para ejecutar en el periodo 2023-2024, y que hoy cuenta con normativas aprobadas, como la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, y proyectos de ley en trámite legislativo, como el de Impulso a Energías Renovables en la Matriz Energética y el de Transición Energética.

La agenda, además, incluye un Plan de Descarbonización con miras a la construcción de una hoja de ruta 2023-2030, también con el objetivo de aceleración de la transición energética y reducción progresiva de las emisiones globales y locales del sector eléctrico.

No obstante, en línea con la percepción sobre el proceso de transición justa expresada por la CUT, el Sindicato del Biobío de Enel-Bocamina II, también señala una postura crítica, en especial respecto al acuerdo inicial con las empresas eléctricas en 2019, en voz de su director Claudio Leiva. 

“Primero, por la forma en que se diseñó el cronograma de descarbonización, ya que se definió a partir de la voluntariedad de las empresas que tenían, o tienen aún, centrales a carbón. Fueron las propias empresas, y no el Estado, las que definieron qué centrales y cuándo sacarlas del sistema; sin ninguna norma que definiera con criterio técnico y medioambiental el proceso. Segundo, ni el Estado ni las empresas formalizaron la manera en que se debía atender el proceso de salida y/o reubicación de los trabajadores -propios y externos- de las plantas que se cerrarían, dejando en manos de los privados todas las iniciativas, sin asumir ninguna responsabilidad estatal en la materia”, subrayó.

El dirigente sindical de la termoeléctrica ubicada en Coronel, desconectada en 2022 y aún con personal en labores, agrega que, independiente de los gobiernos de turno, “en la práctica siguen sin atenderse los mismos temas”, aunque aclara que en la administración de Sebastián Piñera no fueron recibidos ni escuchados como sindicatos de empresas eléctricas, lo que sí ocurrió en el mandato del presidente Gabriel Boric.

“El actual gobierno tuvo un buen inicio, con el ministro de Energía, Claudio Huepe, ya que fuimos recibidos todos los sindicatos y recogieron de primera mano las necesidades de los trabajadores afectos a la descarbonización. Por el contrario del actual ministro Diego Pardow”.

Cabe señalar sobre el actual trabajo enfocado en las llamadas ´zonas de sacrificio´, en diciembre de 2023 el gobierno presentó el Plan de Transición Socioecológica Justa de Tocopilla, el primero de este tipo para una zona saturada. Éste fue construido en conjunto con la academia, sociedad civil y empresas relacionadas, arrojando una batería de acciones y medidas a corto, mediano y largo plazo direccionado a aspectos medioambientales, sanitarios, educacionales, de reconversión productiva y reinserción laboral.

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