Reacción sindical ante el dictamen de la nueva contralora: Preocupación por mayor precarización de las contrataciones estatales

La nueva contralora, Dorothy Pérez, ha decidido que la Contraloría no intervendrá en reclamos de funcionarios públicos sobre posibles vulneraciones a la confianza legítima, dejando estos casos en manos de la justicia para su resolución.

La comunidad sindical ha expresado su descontento con el reciente dictamen de la nueva contralora, Dorothy Pérez, en relación con el principio de confianza legítima que afecta a los trabajadores del sector público. Tras ser ratificada en su cargo, Pérez ha decidido que la Contraloría no intervendrá en los reclamos sobre posibles vulneraciones a este principio, dejando estos casos en manos de los tribunales de justicia.

Anteriormente, bajo la dirección del contralor Jorge Bermúdez, se había establecido que un funcionario público cuya contrata se renovara más de dos años, disfrutaba de la confianza legítima de renovación y no sería desvinculado sin causas justificadas. Esta política contrasta con la posición de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que establece un período de cinco años para configurar la confianza legítima.

La decisión de no continuar pronunciándose sobre estos asuntos ha sido severamente criticada por la Central Única de Trabajadores y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes han advertido que esto podría abrir la puerta a despidos arbitrarios. De hecho, la ANEF organizó una movilización frente a la Contraloría coincidiendo con la ceremonia de inicio de mandato de Dorothy Pérez.

El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, ha expresado su preocupación por la decisión y el impacto que tendrá en la precarización de las contrataciones estatales, señalando que ahora los tribunales son los únicos que pueden determinar los términos de la confianza legítima. “Lo que ha hecho es de alta gravedad, por eso nosotros estamos en estado de movilización”, afirmó.

Las opiniones en el Congreso Nacional también están divididas. La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, lamentó que la nueva contralora haya empezado su gestión eliminando la posibilidad de que los trabajadores públicos recurran a la Contraloría para protegerse de despidos injustificados. Por otro lado, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, consideró positivo dar estabilidad laboral a los funcionarios, aunque reconoció el uso indebido del empleo público por parte del gobierno actual.

Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió la decisión de la contralora, argumentando que tiene la atribución y el deber de abstenerse en temas que están siendo discutidos en la justicia. "La Corte Suprema ya se ha pronunciado mediante unificación de jurisprudencia y será esa sede donde se resuelvan estos aspectos", concluyó Gajardo.